Crítica con hechos enlazados. Cada pieza separa lo que consta en documentos de lo que opinamos, y dice qué debería pasar.
El Primer Tribunal Colegiado con sede en Cancún revocó, por dos votos contra uno, la suspensión que frenaba la obra militar frente al Fuerte de San Felipe. Es la decisión más visible del nuevo Poder Judicial federal en Quintana Roo y merece un examen público.
El Primer Informe de Actividades 2025-2026 del magistrado presidente habló de distritos nuevos, sistemas electrónicos y programas. No dijo cuántos asuntos se resolvieron, cuántas audiencias se difirieron ni cuántas quejas se recibieron contra jueces.
El estado gastó 226.5 millones de pesos en elegir 107 juzgadores, el quinto costo por cargo más alto del país, con una participación de alrededor del 12 por ciento. A quince meses, el retorno de esa inversión no se puede medir porque nadie publica los datos.
Iván Manuel Ayuso Osorio ganó una plaza de juez de control y penal tradicional y la perdió por no entregar su informe de gastos de campaña. El Tribunal Superior dijo que acataría lo que decidiera la autoridad electoral. Nadie ha informado cómo se cubrió el cargo.
El órgano disciplinario federal recibió 6,025 quejas en su primer año y suspendió a 11 juzgadores en todo el país. En Quintana Roo hay quejas y ninguna sanción. Del Tribunal de Disciplina del Estado ni siquiera hay cifras.
El 1 de septiembre de 2025 tomaron protesta más de un centenar de juezas y jueces votados en las urnas. Doce meses después no existe un solo dato público, por juzgado, que permita saber si trabajan mejor o peor que los designados.
La Suprema Corte validó (5-4) que el Pleno elija a su presidente sin voto ciudadano, pero invalidó el transitorio que extendía dos magistraturas hasta 2033. El Tribunal Superior no ha dicho una palabra sobre lo segundo.
