Crítica con hechos enlazados. Cada pieza separa lo que consta en documentos de lo que opinamos, y dice qué debería pasar.
Quintana Roo fue de los primeros cuatro estados en aplicar el Código Nacional. Cinco meses después, la Cámara de Diputados corrió el plazo de 2027 a 2031. Lo que ya rige no se cae; los divorcios, las pensiones y las custodias quedan en manos del Tribunal y del Congreso local.
El magistrado presidente, magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina posaron con la gobernadora en el informe de Cancún. Cuatro ceremonias en cinco semanas. Y 1,205 sentencias en todo 2024: lugar 30 de 32 del país.
El presidente del Poder Judicial de Quintana Roo publicó una foto abrazando al candidato de Morena y el Verde a la gubernatura el día en que fue designado. Llegó sin carrera judicial, la Corte invalidó su magistratura y el Congreso no sabe si sigue siendo magistrado.
Una abogada levantó una cartulina frente a Claudia Sheinbaum para pedir la remoción de la jueza Aholibama Torres Bui: cinco niños, un expediente abierto desde 2018 y dos amparos que nadie cumple. Con ella, las tres juezas de instrucción familiar de Cancún están señaladas.
Abogados de Cancún denuncian vejaciones e insultos de la jueza Magali Alonso Alcocer; colectivos y litigantes señalan a Marcela del Pilar Campos Chalé. Las dos resuelven igual y el magistrado presidente no ha dicho una palabra.
El Primer Tribunal Colegiado con sede en Cancún revocó, por dos votos contra uno, la suspensión que frenaba la obra militar frente al Fuerte de San Felipe. Es la decisión más visible del nuevo Poder Judicial federal en Quintana Roo y merece un examen público.
El Primer Informe de Actividades 2025-2026 del magistrado presidente habló de distritos nuevos, sistemas electrónicos y programas. No dijo cuántos asuntos se resolvieron, cuántas audiencias se difirieron ni cuántas quejas se recibieron contra jueces.
El estado gastó 226.5 millones de pesos en elegir 107 juzgadores, el quinto costo por cargo más alto del país, con una participación de alrededor del 12 por ciento. A quince meses, el retorno de esa inversión no se puede medir porque nadie publica los datos.
Iván Manuel Ayuso Osorio ganó una plaza de juez de control y penal tradicional y la perdió por no entregar su informe de gastos de campaña. El Tribunal Superior dijo que acataría lo que decidiera la autoridad electoral. Nadie ha informado cómo se cubrió el cargo.
El órgano disciplinario federal recibió 6,025 quejas en su primer año y suspendió a 11 juzgadores en todo el país. En Quintana Roo hay quejas y ninguna sanción. Del Tribunal de Disciplina del Estado ni siquiera hay cifras.
El 1 de septiembre de 2025 tomaron protesta más de un centenar de juezas y jueces votados en las urnas. Doce meses después no existe un solo dato público, por juzgado, que permita saber si trabajan mejor o peor que los designados.
La Suprema Corte validó (5-4) que el Pleno elija a su presidente sin voto ciudadano, pero invalidó el transitorio que extendía dos magistraturas hasta 2033. El Tribunal Superior no ha dicho una palabra sobre lo segundo.
